Detectar señales, fortalecer vínculos y actuar a tiempo puede ser tan importante como saber responder cuando la violencia ya comenzó.
Los recientes episodios de violencia grave registrados en planteles educativos mexicanos han vuelto a colocar la seguridad escolar en la conversación pública. Lo ocurrido en Coahuila y Querétaro es lamentable y debe analizarse con seriedad, pero también con prudencia.
Sería equivocado interpretar estos acontecimientos como evidencia de que nuestras escuelas se han convertido en lugares inseguros. También lo sería considerarlos simples hechos aislados de los cuales no hay nada que aprender.
La pregunta que puede resultar más útil es otra: ¿qué podemos hacer antes de que una situación de violencia llegue a convertirse en una emergencia?
Porque la seguridad escolar no comienza cuando llega la policía. Empieza mucho antes.
Una investigación elaborada por Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, documentó mediante fuentes periodística s 157 incidentes relacionados con armas de fuego en escuelas mexicanas entre 2000 y septiembre de 2026; 31 de ellos ocurrieron durante 2026. [1]
El dato requiere contexto. No significa que en México hayan ocurrido 157 tiroteos escolares. El registro comprende distintas modalidades de incidentes relacionados con armas de fuego y, además, no incluye necesariamente otras expresiones graves de violencia cometidas con armas blancas u otros medios. [1]
También muestra una distribución muy desigual entre las entidades. Por ello, un acontecimiento grave ocurrido en un estado no debería interpretarse automáticamente como evidencia de un problema estructural de violencia escolar en esa entidad.
Un incidente debe generar aprendizaje institucional, no estigmatización.
Después de una agresión grave es natural buscar explicaciones: bullying, problemas familiares, salud mental, redes sociales, aislamiento, drogas o exposición a contenidos violentos.
El problema es que la violencia juvenil rara vez puede explicarse mediante una sola causa. La experiencia internacional ofrece una lección importante. Después de estudiar 41 ataques dirigidos contra escuelas de educación básica y media ocurridos en Estados Unidos entre 2008 y 2017, el National Threat Assessment Center del Servicio Secreto concluyó que no existe un perfil único del atacante escolar. Encontró combinaciones diferentes de situaciones personales, familiares, sociales y escolares. [2]
Esto importa porque prevenir no significa buscar estudiantes que “parezcan peligrosos”. Significa observar comportamientos y circunstancias.
En los 41 casos estudiados, todos los agresores habían mostrado previamente algún comportamiento que generaba preocupación y, en la mayoría, otras personas conocieron información relacionada con sus intenciones antes del ataque. [2]
Naturalmente, estos resultados corresponden a una muestra estadounidense y no pueden trasladarse automáticamente a México. Pero sí dejan una enseñanza útil: en algunos casos existen señales previas que pueden convertirse en oportunidades de intervención.
Una amenaza escrita, una agresión recurrente, determinados mensajes en redes sociales, un conflicto que escala o un cambio preocupante de comportamiento no necesariamente significan que un estudiante cometerá un acto violento. Pero sí pueden significar que algo necesita atención.
No basta con que un maestro, compañero o familiar detecte una señal. Tiene que existir un mecanismo para comunicarla y, sobre todo, alguien con capacidad para evaluarla.
La prevención moderna de la violencia escolar ha avanzado precisamente hacia equipos multidisciplinarios de evaluación y gestión de amenazas, integrados, según las circunstancias, por personal educativo, psicología, trabajo social, salud y seguridad. Su función no consiste en criminalizar estudiantes ni aplicar automáticamente sanciones, sino en determinar qué está ocurriendo, qué nivel de riesgo existe y qué tipo de apoyo o intervención resulta adecuado. [3]
No todas las señales representan una amenaza, pero todas las señales relevantes merecen ser escuchadas.
Muchas veces los estudiantes saben antes que los adultos que un compañero está siendo acosado, que existe una amenaza, que circula determinado mensaje o que alguien atraviesa una situación preocupante. Para que esa información llegue a quien puede ayudar, el alumno necesita saber a quién acudir y confiar en que será escuchado.
Aquí adquiere relevancia el concepto de conexión escolar. El CDC utiliza este término para describir la percepción del alumno de que los adultos y sus compañeros se preocupan por él, lo valoran y lo apoyan. La evidencia relaciona una mayor conexión con la escuela con menores niveles de experiencias de violencia y otras conductas de riesgo. [4]
Una cámara es seguridad. Un control de acceso también puede serlo. Pero un maestro que observa, un compañero que se atreve a hablar, una familia atenta y un orientador que sabe cómo intervenir también forman parte de la infraestructura de seguridad de una escuela.
México ya comenzó a responder institucionalmente a los acontecimientos recientes. El Gobierno Federal anunció la integración de un grupo de trabajo con participación de la SSPC, SEP, Centro Nacional de Inteligencia, Agencia de Transformación Digital, Consejería Jurídica e instituciones académicas, orientado a fortalecer la prevención, detección temprana y respuesta ante conductas que puedan derivar en violencia. [5]
Es un paso relevante. La oportunidad está en llevar esa lógica hasta cada comunidad escolar mediante protocolos sencillos, canales confiables de reporte, capacitación para docentes y familias y mecanismos claros para determinar cuándo una situación requiere acompañamiento educativo, psicológico, social o una intervención de seguridad.
Para Querétaro, como para cualquier entidad con capacidades institucionales consolidadas, los acontecimientos recientes pueden servir para revisar, aprender y fortalecer preventivamente lo que ya existe, sin que ello implique asumir que existe una condición excepcional de violencia escolar.
Las instituciones sólidas no son aquellas en las que nunca ocurre un hecho adverso. Son también aquellas que tienen capacidad para aprender de él.
No necesitamos transformar nuestras escuelas en instalaciones de alta seguridad ni generar ambientes de sospecha entre los alumnos.
Necesitamos comunidades escolares capaces de observar, escuchar, comunicar, evaluar e intervenir oportunamente. Eso requiere corresponsabilidad entre autoridades educativas, familias, instituciones de salud y seguridad, docentes y los propios estudiantes. No para trasladar a la sociedad una responsabilidad que corresponde al Estado, sino para ampliar su capacidad preventiva.
Ninguna estrategia eliminará completamente el riesgo. Pero hay una diferencia considerable entre esperar a que la violencia ocurra y construir mecanismos capaces de reconocer que algo no está bien.
Una escuela segura no es solamente aquella que sabe qué hacer cuando comienza una emergencia; es también aquella que ha desarrollado la capacidad de actuar antes de que la emergencia ocurra.
Y quizá ahí se encuentre una de las reflexiones más importantes que nos dejan estos acontecimientos: en seguridad escolar, algunas de las decisiones que pueden evitar una tragedia se toman mucho antes de que alguien tenga que marcar al 9-1-1.
*Miguel A. Contreras es consultor en Seguridad Ciudadana y Sistema Penitenciario.
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Fuentes consultadas
1. Sánchez Valdés, V. M. (2026). “Récord de ataques armados en escuelas de México en 2026”. Grupo Animal. Fuente
2. U.S. Secret Service, NTAC. Protecting America’s Schools: A U.S. Secret Service Analysis of Targeted School Violence. Fuente
3. University of Virginia, Youth Violence Project. Virginia Student Threat Assessment Guidelines Research. Fuente
4. CDC. School Connectedness and Youth Risk Behaviors. Fuente
5. SSPC, Gobierno de México (2026). Grupo de trabajo para fortalecer la prevención de la violencia en entornos escolares. Fuente
Fecha de publicación: 16/10/2026
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una serie de incentivos fiscales para las empresas, así como la simplificación de trámites y otras medidas para ampliar el acceso a los servicios financieros, con el objetivo de impulsar la inversión y el crecimiento económico de México en 2027.
La mandataria dijo que propuso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluir en la Ley de Ingresos del próximo año un esquema de incentivos para el pago de adeudos fiscales sin recargos ni multas, con el objetivo de reducir el déficit público de forma responsable.
“Le propuse a la Secretaría de Hacienda que el próximo año, a todos, sin tener límite, quienes tengan deudas con el fisco pueden pagar sin recargos. ¿Cómo lo llaman? Sin multas, sin recargos, sin nada”, dijo Sheinbaum ante empresarios al participar en el 50 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). “El próximo año se puede pagar sin ninguna multa, sin ningún recargo, a cualquier monto”.
En materia de simplificación administrativa, la presidenta dijo que los proyectos de inversión presentados mediante la ventanilla única de la Presidencia tienen un plazo de 60 días para su aprobación.
Sheinbaum adelantó que su gobierno prepara un decreto para facilitar las autorizaciones de inversión y a la homologación de trámites estatales y municipales, así como nuevos incentivos para la inversión, para fortalecer la actividad productiva.
Fecha de Publicación: 14/10/2026
Tres fuentes confirman que los resultados de las encuestas favorecen al alcalde capitalino de Querétaro, “Felifer” Macías. Será el candidato panista a la gubernatura en las elecciones de 2027.
De acuerdo con el artículo 8 de la Constitución de Querétaro, “Felifer” tendría que dejar el cargo como alcalde el 8 de marzo (90 días antes de la elección del 6 de junio de 2027). No está obligado a hacerlo antes. El Cabildo de Querétaro decidirá quién lo sustituye cuando solicite licencia.
Conforme a las disposiciones sobre suplencias de la Ley Orgánica Municipal de Querétaro, el Ayuntamiento puede designar a un regidor o síndico propietario para cubrir la ausencia del presidente municipal. Suenan Mary Carmen Presa, Bruno Casalini y Manuel Pozo.
Fecha de publicación: 09/10/2026
La tasa de fecundidad (o fertilidad) experimenta una contracción sostenida a nivel global. Podemos estimar que, por primera vez en la historia de la humanidad sin guerras o epidemias mundiales, la población global alcanzará un pico en el futuro cercano y luego entrará en una caída más o menos sostenida. Este fenómeno, ya de largo aliento en las economías industrializadas de altos ingresos, se ha diseminado con celeridad hacia la mayor parte de las naciones emergentes (algunos países de Africa, Asia y América Latina constituyen la excepción).
Las líneas anteriores merecen una explicación más amplia. La Tasa Gobal de Fecundidad (TGF) en un año cualquiera en una población determinada, es el número medio de hijos que nacen de una mujer si ésta vive hasta elfinal de su edad fértil (que es lo que se quiere decir por ‘global’). Una TGF de 2.1 hijos representa la fecundidad de nivel de reemplazo, es decir, el número promedio de hijos por mujer necesario para que cada generación se reemplace (se reponga) a sí misma. Un valor por debajo de 2.1 provoca que la población de un país disminuya al paso del tiempo, es decir, las nuevas generaciones no alcanzan a reponer los fallecimientos.
El desplome de la natalidad es un círculo vicioso: generaciones más estrechas limitarán la natalidad a futuro. Se trata de un cambio que se está gestando en silencio. El problema de la baja natalidad es que se retroalimenta en el tiempo: las generaciones más estrechas tienen, a su vez, menos hijos, lo que acelera la transición.
La población mundial sigue aumentando por la inercia del crecimiento de las generaciones pasadas. Hay todavía muchas mujeres a nivel mundial en edad fértil y, aunque de media no tengan suficientes hijos para reemplazarlos en la próxima generación, la población seguirá creciendo durante unos años. Esto es lo que ocurre ahora mismo: los nietos ya han llegado, pero los abuelos, que son más numerosos que los nietos, permanecerán vivos durante unos años.
En este contexto, no resulta desproporcionado advertir sobre las implicaciones de una tasa de crecimiento demográfico mucho menor a la del pasado reciente. Esta transición demográfica excepcional generará efectos estructurales de oferta y desaceleración de la productividad total de los factores (PTF), latentes para el crecimiento económico potencial y comprometerá el porvenir de numerosas sociedades a mediano y largo plazo, entre ellas a las de México.
Nótese que si la base tradicional de soporte generacional se invierte, el incremento del gasto público destinado a la sanidad y a los sistemas asistenciales presionará de forma severa las haciendas públicas, un desafío particularmente crítico —aunque no exclusivo— para los Estados de Bienestar desarrollados que cuentan con redes de protección social formalizadas. Dado el carácter transversal de esta tendencia, surgen interrogantes fundamentales sobre la viabilidad de aquellas sociedades que están envejeciendo rápidamente y que carecen de redes de seguridad social consolidadas.
El propósito del presente trabajo es analizar esta transición demográfica en México, evaluando a éste en el marco de su contexto regional e histórico recientes. Al examinar esta transición, se enfatizará la proximidad temporal, la profundidad y las repercusiones macroeconómicas del fenómeno, con especial atención en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) potencial y en el estrés financiero que ejerce sobre las finanzas públicas. Finalmente, se exploran y contrastan las diversas opciones de política pública orientadas a la adaptación institucional, para concluir con las consideraciones generales del estudio.
La transición demográfica en América Latina constituye uno de los procesos de reconfiguración social más acelerados de la historia moderna. En un lapso de apenas ocho décadas, la región transitó de una prevalencia de familias numerosas a enfrentar el fenómeno denominado "invierno demográfico" —concepto acuñado por el filósofo Michel Schooyans para describir la hipótesis de una contracción extrema de la población donde la natalidad desciende por debajo de la mortalidad, acelerando el envejecimiento en ausencia de saldos migratorios positivos—. Este proceso está transformando la estructura productiva y social de la región de manera irreversible.
El escenario sociodemográfico presentaba un perfil sustancialmente distinto a mediados del siglo pasado. Durante el periodo comprendido entre 1950 y 1970, los países de América Latina registraban, en promedio, la segunda Tasa Global de Fecundidad (TGF) más alta del planeta. No obstante, la tendencia dio un giro decisivo y contrastante en un lapso muy breve. Las dos últimas décadas del siglo pasado fueron testigo del cambio drástico y vertiginoso en la tendencia reproductiva regional. América Latina experimentó uno de los descensos de fecundidad más veloces de la historia moderna (ver Tabla 1).
Tabla 1. Comparativa de la disminución notable de la TGF en América Latina de 1970 a 2000
| País | TGF en 1970 (Hijos por mujer) | TGF en 2000 (Hijos por mujer) | Reducción neta (Hijos menos) |
| México | 6.8 | 2.6 | -4.2 |
| Brasil | 5.4 | 2.4 | -3.0 |
| Colombia | 5.4 | 2.5 | -2.9 |
| Chile | 3.6 | 2.0 | -1.6 |
| Honduras | 7.3 | 4.3 | -3.0 |
| Guatemala | 6.5 | 4.8 | -1.7 |
Fuente: Elaboración propia basada en las series históricas recopiladas por el Banco de Datos de la CEPAL (CEPALSTAT).
Como se observa en el registro estadístico, México fue la nación que registró el cambio más severo y contundente dentro del contexto latinoamericano. En el breve periodo de treinta años, comprendido entre 1970 y 2000, la TGF mexicana se desplomó de casi 7 hijos por mujer a únicamente 2.6. Aunque esta última cifra se mantenía en ese momento ligeramente por encima del nivel de reemplazo generacional (2.1), significó un quiebre tajante y absoluto respecto a las elevadas tasas de las décadas previas. Por su parte, Brasil y Colombia experimentaron transiciones demográficas igualmente aceleradas (aunque no tan enérgicas) que redujeron sensiblemente sus indicadores. El caso de Chile exhibe una trayectoria distinta: la disminución de su fecundidad se había iniciado desde los años setenta debido a su temprano desarrollo urbano relativo, lo que determinó que para el año 2000 el país ya hubiera atravesado el umbral de reemplazo poblacional al registrar una tasa de 2.0 hijos por mujer.
Con el cambio de siglo, América Latina aceleró la transición hacia un modelo demográfico de escaso crecimiento e incluso, en numerosos casos, cruzó el umbral crítico que garantiza la estabilidad en el tamaño de la población. En el año 2015, el promedio regional rompió a la baja la barrera de los 2.1 hijos por mujer. En la actualidad, este indicador se ubica en un estimado de 1.8 hijos por mujer (CEPAL, 2025), configurando un escenario homólogo al de algunas sociedades avanzadas de Europa o de Asia Oriental: las tasas de fecundidad muy bajas se registran en la actualidad en Uruguay (1.32), Argentina (1.50), Colombia (1.50), México (1.60) y Brasil (1.65). Resulta relevante destacar que las economías con los mayores niveles de PIB de la región convergen en este grupo de baja natalidad.
Como hemos visto, México ha experimentado una trayectoria similar a la tendencia agregada de América Latina, aunque exhibe ciertas características particulares. La primero de ellas consistió en mostrar una muy vertiginosa celeridad en el descenso de la natalidad iniciada en la década de los setenta del siglo pasado. Esto brindó una ventana de oportunidad macroeconómica singular: la fuerza de trabajo mexicana creció a ritmos superiores que la denominada "población dependiente" (niñas y niños y adultos mayores de 65 años). De este modo en México se detonó el denominado "bono demográfico", un catalizador potencial para impulsar el crecimiento económico y la expansión de la producción nacional.
Sin embargo, esta ventana no fue capitalizada cabalmente debido, entre otros factores, a distorsiones específicas del mercado de trabajo mexicano, principalmente por la persistencia de una elevada tasa de informalidad laboral (BBVA, 2021). La tasa de informalidad laboral se ha mantenido obstinadamente en niveles de 55% o 56% desde principios de este siglo. En el primer trimestre de 2026, esta tasa se ubicó en 54.8%, afectando a unos 33 millones de trabajadores. Esta distorsión del mercado afecta principalmente al género femenino, puesto que, aunque en números absolutos hay más hombres en la informalidad -debido a su mayor participación labora general-, la precarización asociada profundiza las agudas brechas de género en México.
Los efectos negativos más importantes de la informalidad son:
El país requiere abordar este importante y urgente problema. Si el empleo informal en México disminuyera drásticamente hasta alcanzar tasas del 10% al 15% (niveles similares a los de economías avanzadas), el Producto Interno Bruto (PIB) del páis podría incrementarse de manera estructural entre un 22% y un 26% en el largo plazo, dependiendo del enfoque de inclusión y ganancia en productividad (México, ¿Cómo vamos?, 2026)
El margen de oportunidad del bono demográfico se clausurará formalmente hacia el periodo 2030-2034; a partir de ese umbral, el declive secular de la población activa provocará una desaceleración estructural en las tasas de crecimiento del producto, el consumo interno, la inversión física y la recaudación fiscal.
Otra característica específica que define la trayectoria mexicana radica en que el desplome de la fecundidad no constituyó solamente una consecuencia inercial del desarrollo económico. Fue el resultado de articular una de las políticas públicas de planificación familiar más intensas entre las economías emergentes a la par de vivir una acelerada incorporación de la mujer a la educación y al mercado laboral. No obstante, la gran paradoja histórica de este cambio estriba en que el mercado laboral y las estructuras educativas nacionales no evolucionaron a la misma velocidad, lo que impidió absorber formalmente el bono demográfico que la propia política de población había liberado.
Este declive introdujo aceleradamente a la sociedad mexicana en una etapa avanzada de transición demográfica —fase mediante la cual una población atraviesa de un régimen de alta fecundidad y mortalidad a uno donde ambas variables descienden sustancialmente—. Este patrón se ha conjugado con un envejecimiento poblacional acelerado (Huerta Mendoza, 2024). Las cohortes más numerosas de la historia mexicana, nacidas entre 1960 y 1970, comenzaron a cumplir 60 años en el año 2020 (ver gráfica 1, CIEP, 2012); en consecuencia, el volumen y la proporción de adultos mayores experimenta hoy en día una expansión geométrica, lo que impone desafíos inéditos ante las crecientes obligaciones de pago de las pensiones contributivas, agregadas a la demandas de salud y asistencia médica especializada que requiere una población con una esperanza de vida más longeva. Mientras que los países desarrollados requirieron de entre 45 y 100 años para que el porcentaje de la población de 65 años o más se duplicara del 7% al 14%, en México este mismo crecimiento se concretará en un lapso de apenas 20 a 30 años (OMS, 2021).
Como derivación de este desfase cronológico, el monto destinado al financiamiento de las pensiones absorbe una proporción cada vez más sustantiva del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), limitando de forma crítica el espacio fiscal del Estado para invertir en infraestructura física, salud, educación y seguridad ciudadana (ver Tabla 2).
Para 2026, la partida proyectada roza los 2.5 billones de pesos (en términos nominales), desglosados en 1.84 billones para las pensiones contributivas (IMSS, ISSSTE, Pemex y CFE) y 0.640 billones asignados a los programas sociales de bienestar o no contributivas (transferencias unilaterales otorgadas sin exigencia de cotización previa). Destaca con especial gravedad la expansión de las últimas, cuya participación en el ingreso tributario pasó del 1.1% en 2018 al 10.1% en 2026, convirtiéndose en el componente de mayor crecimiento del gasto público federal (Banco Base, 2026). La reconfiguración de la estructura del gasto es elocuente: mientras que en 2018 las pensiones contributivas absorbían el 95.7% del presupuesto total asignado al rubro, para 2024 esta proporción cayó al 76.3%. Este cambio relativo responde a la asimetría en las tasas de expansión durante el periodo 2020-2026: en términos reales, las pensiones no contributivas registraron un crecimiento acumulado del 265.30%, mientras que las contributivas, aun con incrementos sustanciales en su volumen financiero, crecieron a una tasa real del 42.61%. El gasto total en pensiones: aumentó un 69.23% (pasando del 4.3% al 6.3% del PIB). Para 2028, se proyecta que el gasto total en pensiones superará la suma conjunta de los presupuestos federales de educación y salud. No hay presupuesto en el mundo que resista estas tasas de crecimiento.
La rigidez estructural estriba en su blindaje constitucional (reforma del 8 de mayo de 2020), ya que son derechos sociales exigibles. La reforma incluyó un principio de rigidez que determina que el monto de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para estos programas no puede ser menor, en términos reales, al del año fiscal anterior.
Con el propósito de estructurar políticas públicas efectivas, resulta indispensable definir y delimitar las causas subyacentes a este fenómeno multifactorial. Ante la ausencia de un consenso unánime sobre los determinantes del declive demográfico, la literatura contemporánea ha formulado diversas hipótesis de trabajo.
Una primera vertiente, de carácter microeconómico, se fundamenta en los postulados de la nueva economía de la familia propuestos por el Premio Nobel de Economía 1991, Gary Becker. Esta teoría argumenta que la drástica disminución de las tasas de natalidad responde a un cambio en la utilidad marginal y los costos de oportunidad asociados a la crianza, analizando las decisiones sobre el matrimonio, la fecundidad y la estructura familiar bajo el prisma de la elección racional.
Históricamente, la descendencia representaba un activo productivo mediante su inserción en tareas laborales tempranas o como mecanismo informal de seguridad social para la vejez. En la actualidad, este paradigma se ha invertido: los hijos conllevan una inversión intensiva de capital, -donde los padres priorizan la ‘calidad’ de la crianza sobre la ‘cantidad’- lo que ocasiona un incremento en la carga de trabajo doméstico, una reducción del ingreso disponible familiar y una contracción del tiempo libre de los progenitores (Becker, G, 1991).
Dentro de las condiciones estructurales necesarias para la planificación familiar, la equidad en la corresponsabilidad de los cuidados domésticos ha emergido como un factor decisivo. Al respecto, Claudia Goldin (Premio Nobel de Economía 2023), señala en sus trabajos de investigación que el factor explicativo común a nivel global es el incremento en la autonomía, educación, empleo y derechos reproductivos de las mujeres (variables que les han otorgado una mayor capacidad de decisión e independencia).
En sus investigaciones más recientes, (Goldin, 2021) profundiza sobre la hipótesis del "desajuste" (mismatch en inglés): la disonancia entre las expectativas de las mujeres respecto a la corresponsabilidad masculina y la realidad de la convivencia diaria. Mientras ellas invierten tiempo y recursos en consolidar su formación académica y desarrollo profesional, enfrentan a un entorno laboral y corporativo que penaliza la fexibilidad, a la par que las estructuras familiares —favorecidas por añejas inercias institucionales- desincentivan una distribución equitativa del trabajo doméstico y de los cuidados entre los varones.
De este modo, el desajuste de expectativas opera de forma preventiva en la etapa previa a la constitución familiar. Cada vez más mujeres prefieren optar por la soltería debido a la ausencia de un mecanismo de mercado o institucional que permita a los varones los hombres demostrar un compromiso creíble (credible commitment) y ex-ante de que actuarán como padres corresponsables. Al enfrentar un problema de información asimétrica y ante la carencia de garantías reales, la soltería o la elección del estatus sin hijos o infantes (childfree) se convierte en el mecanismo de autoprotección más eficiente para la mujer. Bajo estas circunstancias, las expectativas reproductivas se truncan de forma drástica: aun en contextos donde se acepte tener un primer hijo, las barreras estructurales cancelan la viabilidad de un segundo nacimiento.
En esta misma línea explicativa, las investigaciones de Libertad González (Universidad Pompeu Fabra) y Giulia Brisselli (ESCP Business School) profundizan en las dinámicas de género planteando una interrogante crítica: ¿están las actitudes y comportamientos de los hombres frenando la fertilidad y las carreras profesionales de las mujeres? (González & Brisselli, 2024). González y Brisselli argumentan la necesidad de reformular la óptica tradicional del debate, el cual suele atribuir el desplome de la natalidad a un supuesto egoísmo o desinterés de la población femenina. Desde su perspectiva, el núcleo del problema radica en que los roles masculinos no han evolucionado de forma simétrica a los cambios económicos, mostrando una marcada resistencia a asumir una participación equitativa en el trabajo doméstico y en las tareas de crianza. De este modo, la contracción de la natalidad se revela como una consecuencia directa de un desequilibrio estructural compartido.
Para formalizar esta dinámica, las autoras proponen un modelo donde los hijos son conceptualizados como un bien público (caracterizados por la no rivalidad y la no exclusión en el consumo dentro de la pareja), que, a su vez, genera externalidades positivas en dos niveles:
Bajo este enfoque, dado que la inserción en el mercado laboral genera ingresos individuales tangibles mientras que las tareas de cuidado demandan un tiempo considerable, surge un evidente costo de oportunidad. Por consiguiente, bajo una lógica de maximización del bienestar individual, ambos miembros del hogar manifestarán una preferencia racional para que el ‘otro’ asuma la carga no remunerada de la crianza, desencadenando un dilema de acción colectiva (free rider problem) en el ámbito privado del hogar, que termina sub-produciendo el bien público: es decir, deprimiendo la decisión de tener hijos. Al ampararse los hombres en normas sociales tradicionales que los ‘eximen’ de las tareas reproductivas, las mujeres se ven forzadas a reducir de manera planificada el tamaño de su descendencia como única vía para salvaguardar su trayectoria profesional y sus niveles de consumo. En términos de economía familiar, ante la pérdida de oportunidades personales y financieras, el balance de costos y beneficios de la maternidad resulta deficitario.
A este desajuste en la distribución del tiempo se suma un factor cualitativo esencial: la preferencia contemporánea por priorizar la calidad sobre la cantidad de la descendencia (ya expuesto en la teoría de G. Becker). En el hogar actual, no existen incentivos financieros claros para tener familias numerosas: los hijos no aportarán a la producción familiar ni constituyen el mecanismo seguro de protección para la salud de los padres durante la vejez. En otras palabras, las familias actuales optan por restringir el número de hijos con el propósito de maximizar la inversión de capital humano por cada individuo, particularmente en el ámbito educativo.
Por último, existen vertientes analíticas que pretenden asociar el descenso de la fecundidad al uso intensivo de las redes sociales y a la homogeneización cultural de las juventudes globales, quienes tienden a autopercibirse bajo esquemas de estricta autonomía e individualismo. No obstante, esta dimensión de corte sociocultural debe ser interpretada exclusivamente como un catalizador del fenómeno, y de ninguna manera como su causa matriz o explicación originaria. De este modo, la difusión de los valores feministas o aspiracionales se transmite mediante las plataformas y redes sociales, antes de que los mercados laborales en este grupo de sociedades estén maduros. Como consecuencia, aun en contextos donde las mujeres todavía no cuentan con un acceso pleno a la educación superior o a puestos directivos, se consolida una rápida reconfiguración de expectativas que rechaza los esquemas tradicionales de subordinación y trabajo doméstico no remunerado.
En suma, la evidencia teórica y empírica examinada demuestra que la contracción demográfica contemporánea no responde a un único vector, sino a un entramado multifactorial de tensiones estructurales. Mientras los modelos microeconómicos clásicos confirman un incremento exponencial en el costo de oportunidad y financiero de la crianza y de la convivencia con una pareja, la macroeconomía de la permacrisis y la policrisis, aunada a la asimetría de género intrahogar, configura un entorno de profunda incertidumbre que desincentiva de forma racional la formación de una familia. El mundo actual ha robado a los jóvenes tener el número de hijos que desean, no los que realmente están trayendo a este mundo.
El quiebre de la transición demográfica tradicional en las economías avanzadas y la consolidación de tasas de fertilidad ultra-bajas evidencian que los paliativos institucionales de corte estrictamente natalista resultan insuficientes si las estructuras de mercado y los esquemas laborales permanecen inflexibles. Con base en este diagnóstico causal, se vuelve imperativo analizar cómo esta erosión de la población en edad de trabajar impactará las tasas de crecimiento del PIB, la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y el diseño de las políticas públicas de adaptación, con especial énfasis en las realidades divergentes de México y España.
Las consecuencias económicas directas de la transición demográfica se concentran en la ralentización del crecimiento económico, la presión sobre la productividad total de los factores, la vulnerabilidad de la sostenibilidad fiscal, la potencial deflación de activos inmobiliarios y la escasez estructural del factor trabajo. El envejecimiento poblacional altera profundamente la tasa de soporte de los sistemas previsionales; es decir, la relación aritmética entre los ciudadanos económicamente activos que aportan al régimen y los beneficiarios pasivos que dependen de él. En el caso de economías de la Unión Europea, Japón o Corea del Sur, esta transformación demográfica pone en juego el porvenir y la viabilidad del propio Estado de bienestar, mientras que en naciones emergentes como México restringe de manera anticipada los márgenes de maniobra presupuestal y de expansión productiva.
La literatura macroeconómica contemporánea agrupa los impactos de este declive poblacional en cinco frentes estructurales:
4.1. La transición demográfica y los principales efectos macroeconómicos en México
Ante el notable descenso en la tasa de natalidad mexicana, surge un interrogante central: ¿qué efectos estructurales estará produciendo esta contracción demográfica en el mediano y largo plazo? Las implicaciones macroeconómicas más críticas se manifestarán con mayor profundidad en el crecimiento económico potencial y en el estrés sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones.
A nivel sectorial, los servicios de salud pública deberán reorientarse de manera prioritaria hacia la atención de una población envejecida y paulatinamente más numerosa; en el mercado inmobiliario se experimentará una menor demanda de nuevas unidades habitacionales familiares, mientras que el sector educativo resentirá de forma inmediata una reducción en la matrícula de educación básica.
Para el caso mexicano, la prioridad absoluta antes del cierre definitivo de la ventana de oportunidad demográfica —proyectado entre 2030 y 2034— consiste en formalizar el empleo, integrar masivamente a la fuerza laboral femenina en el mercado regulado, elevar el valor agregado de la industria e incentivar la innovación y el desarrollo tecnológico. El objetivo central debe ser sustituir la densidad del factor trabajo por calidad productiva mediante un incremento sostenido de la productividad total de los factores.
En este contexto, resulta particularmente relevante señalar que el modelo de producción mexicano ha dependido históricamente de la abundancia del factor trabajo y de los bajos costos laborales. Ante la contracción inminente de la población en edad de trabajar (cohortes de 15 a 64 años) —fenómeno que se agudizará de forma acelerada al finalizar la década de 2020—, la ausencia de una transformación educativa y tecnológica drástica deteriorará severamente el Producto Interno Bruto (PIB) potencial. Esta vulnerabilidad se debe a que el país opera con una tasa de informalidad laboral cercana al 55%, distorsión estructural que implica que una proporción minoritaria de la fuerza de trabajo en el sector formal sostendrá la transición fiscal dell régimen de pensiones de reparto (Ley de 1973) -cuya presión sobre el gasto público alcanzará un máximo temporal en las próximas dos décadas-, al tiempo que obligará al Estado a aumir el costro creciente de la Pensión Mínima Garantizada y de los programas no contributivos ante la insuficiente acumulación de los saldos en las cuentas individuales de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Bajo este escenario, documentos de investigación del Banco de México confirman que el fin del bono demográfico restará de manera gradual entre 0.5 y 0.7 puntos porcentuales anuales al crecimiento del PIB potencial conforme avance la transición demográfica hacia mediados de siglo. Si bien en 2026 la mayor parte de la población mexicana se concentra todavía en edades potencialmente productivas y reproductivas -donde la niñez menor de 12 años representa el 18.45% del total, los adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años conforman el 29.74%, las personas de 30 a 59 años concentran el 38.56% y la población de 60 años y más equivale al 13.24%-, las proyecciones para el año 2034 anticipan un cruce demográfico crítico: se estima que habrá una mayor proporción de adultos mayores que de niñas y niños, alcanzando un 16.8% frente a un 16.2%, respectivamente.
El gasto público destinado al rubro pensionario en México experimenta una trayectoria ascendente que en la actualidad ejerce una severa presión sobre la sostenibilidad y el equilibrio de las finanzas públicas. Si bien el país todavía cuenta con una estructura poblacional mayoritariamente joven, el ritmo de envejecimiento se ha acelerado sustancialmente, comprometiendo un presupuesto estatal estructuralmente acotado. Esta encrucijada fiscal responde a la coexistencia de las pensiones de reparto del esquema anterior —regidas por la Ley de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)— y el agresivo despliegue presupuestario de las pensiones universales no contributivas.
El incremento sostenido de esta carga presupuestaria obedece a factores de naturaleza dual. Por un lado, la inercia del envejecimiento demográfico eleva de forma orgánica el volumen de beneficiarios que acceden a una pensión contributiva, un desafío compartido por diversas economías desarrolladas y emergentes. Por otro lado, la política social instrumentada durante la administración 2018-2024 y continuada en el periodo 2024-2030 ha expandido exponencialmente el componente no contributivo. Mientras que en 2017 este programa absorbía 28.9 mil millones de pesos, durante el primer semestre de 2026 la cifra escaló a 298.8 mil millones de pesos. Al ajustar la cifra de 2017 por la inflación acumulada para expresarlo a pesos constantes de 2026 (equivalente a 41.5 mil millones de pesos actuale); el ajuste a los 298.8 mil millones proyectados en 2026 confirma un crecimiento en términos reales superior a siete veces su valor original (SHCP; 2026).
Más allá de la deseabilidad social de estos esquemas de transferencias, la discusión económica debe centrarse en que las pensiones constituyen compromisos financieros recurrentes e ineludibles que deben solventarse de manera anual. Esta encrucijada presupuestal se hace más compleja debido a la transición epidemiológica que atraviesa la fuerza laboral mexicana, caracterizada por una elevada prevalencia de diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, lo que añade una carga financiera crónica y estructural al sistema de salud pública.
En el año 2026, los recursos aprobados por el Congreso de la Unión para el pago total de pensiones alcanzaron la cifra récord de entre 2.2 y 2.5 billones de pesos, monto equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo con los registros oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al desagregar el rubro, las pensiones contributivas, absorben alrededor del 4.5% del PIB para cubrir los compromisos pasivos de jubilación del sector formal y organismos del Estado (Ley 73 del IMSS, régimen décimo transitorio del ISSSTE, Pemex, CFE y Fuerzas Armadas); en tanto, las pensiones no contributivas captan actualmente 1.5% del PIB restante, destinado a las transferencias asistenciales del Gobierno Federal, principalmente la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para Mujeres- Bienestar de 60 a 64 años.
Otorgar espacio presupuestal a este rubro, impacta en forma ideterminante a las finanzas públicas mexicanas. Durante el primer semestre de 2026, las pensiones absorbieron cerca del 34% del gasto programable del gobierno federal -es decir, uno de cada tres pesos del presupuesto operativo se destinó a financiar esta vertiente del Estado (Gómez Tamez, 2026)-, cifra equivalente al 22% del Presupuesto de Egresos de la Federacíón (PEF).
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estima que este rubro absorberá el 7.1% del PIB hacia 2030-2035. Si se llegan a materializar reformas adicionales para elevar las tasas de reemplazo, la carga fiscal podría presionar hasta el 7.8% del PIB en los próximos años. La transición generacional bajo el esquema de beneficio definido (previo a las reformas de Afores de 1997/2007) alcanzará su punto de mayor presión presupuestal entre 2030 y 2038, reduciendo significativamente el espacio fiscal para inversión pública e infraestructura. A medida que la población de 65 años y más crezca aceleradamente, la cobertura universal del programa no contributivo requerirá incrementos presupuestales sostenidos en términos reales, elevando su peso presupuestal hacia más del 2.0% del PIB durante la década de 2030 (CIEP,2026).
La sostenibilidad fiscal no depende únicamente del tamaño de la deuda pública, sino de la capacidad del Estado para administrar un presupuesto crecientemente rígido. En el horizonte de mediano y largo plazo, el reto fiscal de México no se limitará a la cuantía de la recaudación o el endeudamiento de los gobiernos correspondientes, sino que consistirá en cómo conservar espacio fiscal suficiente para financiar el resto de las funciones esenciales del Estado mientras el gasto pensionario continua expandiéndose. Esta será una de las discusiones económicas más importantes que el país tendrá que enfrentar, incluyendo, desde luego, la postergada reforma fiscal. La brecha entre los ingresos fiscales acotados y los compromisos o gastos sociales crecientes forzará al Estado a emitir mayores niveles de deuda o a emprender, de manera impostergable, una reforma fiscal integral.
Las naciones han estructurado respuestas gubernamentales oficiales, aunque enfocadas en objetivos normativos y horizontes de planeación sensiblemente distintos. La literatura de la administración pública clasifica las intervenciones estatales frente al invierno demográfico bajo tres diferentes estrategias: i) incentivos directos a la natalidad; ii) esquemas de conciliación socio-laboral y, iii) reformas de adaptación macroeconómica.
México ha optado por un camino determinado por el grado de madurez en la estructura y en las transiciones en la edad de su población. La estrategia institucional del Estado mexicano no asume un sesgo natalista, sino de adaptación macroeconómica ‘preventiva’. La política pública en México se enfoca en la transición hacia un Sistema Nacional de Cuidados y en la reorientación de la infraestructura pública ante el inminente declive de la base infantil y el acelerado incremento de la población adulta mayor.
México corre el riesgo de confinar su ventana de oportunidad demográfica a un plano estrictamente discursivo y posponiendo decisiones trascendentales (que son inevitables) ante la restricción fiscal apremiante, ya que la estrategia mexicana de ‘Resiliencia Demográfica’ adolece de falta de palancas fiscales al carecer de partidas presupuestales etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de autoridades gubernamentales con facultades ejecutivas de gestión y rendición de cuentas.
A nivel nacional, la tasa global de fecundidad en México ha descendido rápidamente a 1.6 hijos por mujer, ubicándose actualmente por debajo del nivel de reemplazo generacional. Ante este escenario, el Estado mexicano ha descartado la implementación de políticas de corte pro-natalista. En su lugar, ha concentrado sus acciones en la mitigación del envejecimiento acelerado mediante un enfoque de "resiliencia demográfica", definida formalmente en el Diario Oficial de la Federación como la capacidad del país para adaptarse proactivamente a las transformaciones de edad, mitigar sus impactos negativos y aprovechar sus oportunidades, salvaguardando el desarrollo sostenible y los derechos humanos (Diario Oficial de la Federación [DOF], 18/05/2026).
Bajo la coordinación del Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Programa Nacional de Población 2026-2030, formaliza la estrategia estatal para instrumentar este modelo adaptativo (DOF, 18/05/2026). Las directrices del programa asumen que la baja natalidad constituye un quiebre estructural irreversible en el corto y mediano plazo. Por consiguiente, los objetivos se orientan a capturar el remanente del bono demográfico que aún resta —pese a las advertencias analíticas sobre el agotamiento crónico de esta ventana de oportunidad—, fortalecer los servicios de salud pública con un enfoque preventivo de "curso de vida" y estructurar de manera progresiva las bases de un Sistema Nacional de Cuidados.
Las líneas de acción prioritarias exigen rediseñar la demanda de infraestructura pública. Si bien México mantiene una estructura demográfica relativamente joven, su edad mediana avanzó de los 21.8 años en el año 2000 a los 30 años en la actualidad. Debido a que para el año 2034 la proporción de adultos mayores de 60 años superará formalmente a la de la población infantil menor de 12 años, la política pública sectorial prescribe transitar de la construcción de infraestructura escolar básica hacia la consolidación de un sistema unificado de cuidados geriátricos y medicina preventiva.
No obstante, el principal obstáculo de esta agenda de resiliencia radica en su inoperancia presupuestaria e instrumental. Desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, el Programa Nacional de Población 2026-2030 padece de una profunda desconexión hacendaria, operativa y de evaluación: carece de metas cuantitativas específicas y anualizadas por dependencia; no delimita responsabilidades gubernamentales vinculantes entre las secretarías federales y omite enunciar las fuentes presupuestales explícitas que financiarán los proyectos transversales, tales como el Sistema Nacional de Cuidados. Sin un techo fiscal asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni mecanismos claros de rendición de cuentas, la estrategia de México corre el riesgo de no resultar más que un catálogo declarativo de metas ambiguas, desprovisto totalmente de capacidad real de gestión y ejecución.
El análisis de la transición demografica en México permite concluir que el invierno demográfico ha dejado de ser una proyección estadística abstracta para consolidarse como el desafío estructural más complejo de la economía política moderna, en paralelo, quizá, a la del cambio climático. La contracción sostenida de la natalidad y el consecuente envejecimiento de las poblaciones no responden a un quiebre moral o a un desinterés cultural inercial por la familia, sino a una respuesta microeconómica racional de las nuevas generaciones ante mercados laborales precarios, crisis de asequibilidad de la vivienda y una persistente asimetría de género en el reparto de los cuidados intra-hogar. Al transformarse la paternidad de un hito biológico inercial a una decisión económica planificada bajo condiciones de certidumbre, las fallas del entorno institucional y de mercado se traducen directamente en un colapso de las tasas de fecundidad.
La investigación revela que, si bien el fenómeno es de escala global, sus impactos y las respuestas de política pública están determinados de forma estricta por el nivel de desarrollo y el espacio fiscal de cada nación, México encarna la paradoja de la transición acelerada: el país experimenta un proceso de envejecimiento que duplica la velocidad histórica europea, lo que precipita el cierre definitivo de su bono demográfico (2030-2034) antes de haber alcanzado el umbral de una sociedad de altos ingresos. La persistencia de una informalidad laboral cercana al 55% ha mermado severamente la capacidad de capitalizar esta ventana de oportunidad.
A pesar de contar con un diagnóstico discursivo adecuado bajo el paradigma de la "resiliencia demográfica" de CONAPO, la estrategia mexicana adolece de viabilidad hacendaria explícita: carece de presupuesto etiquetado en el PEF y de responsabilidades ejecutivas vinculantes, comprometiendo el financiamiento de proyectos críticos como el Sistema Nacional de Cuidados y amenazando la estabilidad de sus finanzas públicas ante la creciente carga del gasto en pensiones contributivas y universales. Romper la inercia del invierno demográfico o adaptarse con éxito a sus consecuencias exigirá una reconfiguración civilizatoria: sustituir el volumen cuantitativo del factor trabajo por calidad productiva mediante la automatización masiva y la inteligencia artificial, formalizar estructuralmente los mercados laborales y asumir, desde el Estado, los cuidados y la salud como bienes públicos estratégicos. De no coordinarse estas reformas institucionales, la transición de edad profundizará las brechas de equidad intergeneracional y comprometerá la estabilidad macroeconómica global a mediados de siglo.
Prohibir el ingreso al estadio Corregidora de integrantes de las “barras”, “porras” o “grupos de animación” de “Gallos Blancos” de Querétaro, satanizó a estas agrupaciones.
Fue una sanción similar - guardando sus diferencias- a la que la Federación Mexicana de Fútbol decretó para el entonces directivo de “Gallos Blancos”, Adolfo Ríos.
Ambos castigos se impusieron como respuesta a la riña masiva entre seguidores del equipo queretano y del club Atlas de Guadalajara aquel 5 de marzo de 2022.
El próximo 15 de octubre se estrena una serie documental en HBO que lleva por título “Tragedia en el estadio Corregidora” y otra premier que está por ocurrir es el anuncio de candidatos del PAN para la contienda electoral del 2027. Ambos eventos presumen que están sold out.
Obscuridad
Desde ese suceso a la fecha no se sabe oficialmente si hubo o no personas fallecidas, como publicaron algunos medios de comunicación.
No se sabe si ambas “barras” estaban o no infiltradas por elementos de la delincuencia organizada, como afirmó, dos días después del enfrentamiento, el periodista de MVS Óscar Balderas.
Por cierto que la tarde de ese mismo día, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González sostuvo una versión similar: que las “barras” estaban infiltradas por criminales y que ellos habían causado el enfrentamiento.
Y aunque hubo varios detenidos, ninguno fue acusado de homicidio.
Se les vinculó a proceso por homicidio en grado de tentativa, por violencia en espectáculos deportivos, apología del delito, incitación a la violencia, por delitos contra la administración de la justicia y por asociación delictuosa, pero no por homicidio.
Es real también, hasta donde sabemos y a la fecha, que a ninguno de los acusados se le demostró tener vínculos con alguna agrupación del crimen organizado.
Igualmente cierto que la mayoría de los que incurrieron en violaciones a la ley formaban (o forman) parte de “La Resistencia Albiazul” lo que no necesariamente implica que todos los de esta barra de animación hayan participado en la trifulca.
Marca indeleble
El violento suceso marcó a Querétaro, a muchos de sus ciudadanos, al estadio y, por supuesto, a sus aficionados.
Se detuvieron y procesaron a 72 personas pero se prohibió el acceso al coso deportivo a unos dos mil aficionados.
Se estigmatizó a las barras, a sus integrantes, a la afición. El castigo fue aplicado prácticamente a todas y todos aquellos que, todavía en estas fechas, se atreven a asistir al estadio Corregidora enfundados en una camiseta de su equipo.
Ya no se permiten las porras, las “batucadas” ni siquiera hacer coros de apoyo. Los elementos policiacos se encargan de acallar la alegría de los asistentes.
Quizá nunca sepamos con certeza qué fue lo que provocó el enfrentamiento tan feroz entre los dos grupos.
Quizá tampoco conozcamos cuáles fueron las consecuencias reales de lo sucedido; si hubo o no ocultamiento de información o si las secuelas fueron mayores a lo conocido.
Más allá de que este hecho fue lamentable y que causó daños a personas que nada tuvieron que ver con la riña, consideró que hubo exageración en la respuesta institucional y gubernamental.
Me parece que se actuó guiados por el pánico y para tratar de demostrar que se podía resolver rápido la crisis.
Así, en lugar de localizar a los agresores y vetarlos de por vida para ingresar al estadio, se optó por castigar a un colectivo completo. Era más fácil y de mayor impacto mediático.
En lugar de reforzar las medidas de seguridad y de mantenimiento del orden, se prohibió la entrada a cientos y quizá a miles de aficionados.
Sin congruencia
El hecho que hoy vivimos es que la ira colectiva que hace más de cuatro años invadió el estadio “La Corregidora” aún no encuentra ni explicación coherente ni medidas de solución y tampoco ha generado acciones de prevención reales.
Fecha de publicación: 6/10/2026
El verdadero desafío de la inteligencia artificial no consiste en competir contra las máquinas, sino en preparar a las personas para una transformación que ya modifica la economía, el empleo, la educación y la vida cotidiana.
Esta idea marcó el encuentro “México frente a la IA: Retos y Oportunidades”, que reunió en la ciudad de Querétaro a especialistas y representantes del ámbito público para discutir cómo Querétaro y el país puede aprovechar esta revolución sin profundizar sus rezagos educativos, tecnológicos y productivos.
Rodrigo Ruiz Ballesteros, Secretario de Innovación y Tecnología del municipio de Querétaro, convocó a dicho encuentro donde participaron el jurista Roberto Gil Zuarth, la diputada federal Tania Palacios Kuri y Enrique Mireles, consultor político encargado de moderar el panel que tuvo lugar en este encuentro.
También estuvieron presentes Martín Arango García, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN y César Guerrero, presidente del Comité Municipal del PAN y anfitrión del encuentro.
Los participantes analizaron las oportunidades económicas de esta tecnología, así como sus implicaciones para la educación, el empleo y la soberanía tecnológica. Coincidieron en que la inteligencia artificial exige decisiones que van más allá de adquirir nuevas herramientas.
La discusión también dejó claro que la productividad tecnológica depende de las capacidades humanas. Sin educación, pensamiento crítico, talento e instituciones sólidas, la IA puede ampliar las brechas que ya existen.
Para Querétaro y México, apuntaron, el reto consiste en aprovechar la inteligencia artificial como un instrumento de crecimiento y competitividad, pero también en desarrollar conocimiento propio y formar a las personas que harán posible esa transformación.
Uno de los temas centrales para el sector empresarial fue el potencial de la inteligencia artificial para elevar la productividad. Ruiz Ballesteros señaló que el estado queretano entra en una nueva etapa tecnológica, en la cual es importante que las empresas aprendan a utilizar estas herramientas para obtener ventajas frente a sus competidores.
“Todos conocemos a empresarios que hoy utilizan ChatGPT pero viene una nueva ola productiva, laboral, que es la Inteligencia Artificial Agéntica. Y hoy quienes utilicen esta herramienta seguramente van a tener una ventaja competitiva en el mercado”, afirmó.
Ruiz Ballesteros llamó a las organizaciones a aprender a dominar estas tecnologías y aprovecharlas para mejorar sus procesos. También planteó que la inteligencia artificial abre una oportunidad para repensar la educación, la salud y la fuerza laboral del país.
“Capacitar en inteligencia artificial también es sinónimo de justicia social, para que nadie se quede atrás de esta revolución tecnológica", dijo.
Tecnología, productividad y generación de riqueza
Por su parte, Gil Zuarth explicó que los sistemas de IA reproducen datos y preferencias mayoritarias y responden a patrones, mientras que la conciencia humana no es una estadística de conductas, sino una práctica que se forma con el hábito de decidir entre el bien y el daño.
Advirtió que el riesgo más serio no es una IA que se vuelva contra la humanidad, sino un sistema muy capaz que persiga un objetivo humano mal especificado y llegue a tratar a las personas como un obstáculo; de ahí la responsabilidad de la política de fijar con claridad los fines y los límites.
En la misma línea, Ruiz Ballesteros dijo que "hay que aprender a dominarla, para que la tecnología trabaje para las personas y no las personas para la tecnología" y advirtió que uno de los principales riesgos para México es "no crear nuestra propia inteligencia artificial mexicana y depender sólo de compañías extranjeras".
Por ello, llamó a apostar por la investigación y el talento nacional, y a que el país fije una postura de plan nacional para aprovechar las oportunidades de esta tecnología y prevenir sus riesgos.
Gil Zuarth planteó que la tecnología constituye un factor de producción con una relación directa con el crecimiento económico y la prosperidad. “Quien posee tecnología tiene la capacidad de generar riqueza”, afirmó.
Desde esa perspectiva, el jurista cuestionó el enfoque de una regulación que solo responda a los riesgos inmediatos al señalar que México necesita claridad sobre los objetivos y los límites que debe establecer para la inteligencia artificial.
Gil Zuarth sostuvo que detrás de cada algoritmo existe una persona que diseña, desarrolla o utiliza la tecnología. Por ello, consideró que el debate no debe centrarse únicamente en lo que hace una máquina, sino en las decisiones humanas que guían su uso.
También advirtió sobre los riesgos de una regulación deficiente y de la falta de instituciones capaces de proteger a las personas. Entre sus preocupaciones mencionó la generación de contenidos falsos, la responsabilidad ante errores de sistemas automatizados y la concentración de información personal.
El jurista puso como ejemplo el uso de herramientas virtuales en los servicios de salud. La inteligencia artificial podría ampliar la atención médica a millones de personas, dijo, pero también abre una pregunta sobre quién asume la responsabilidad cuando una decisión automatizada causa daño.
Su planteamiento central fue que la tecnología debe servir a las personas y no al revés. Para ello, destacó el papel de las instituciones, la responsabilidad de quienes crean y usan estas herramientas y la necesidad de preservar el pensamiento crítico.
México necesita talento y una estrategia tecnológica
Tania Palacios Kuri advirtió que México corre el riesgo de llegar tarde a otra revolución tecnológica. La diputada federal señaló que el país aún enfrenta rezagos en matemáticas, ciencias y comprensión lectora, condiciones que limitan la capacidad de niñas, niños y jóvenes para aprovechar la inteligencia artificial.
Palacios Kuri consideró que el país necesita una estrategia nacional que articule educación, innovación, desarrollo tecnológico y regulación. También señaló la falta de una dirección integral en la agenda legislativa y señaló que las autoridades suelen reaccionar ante casos mediáticos en lugar de construir una política de largo plazo.
La legisladora planteó dos caminos para México: limitarse a utilizar tecnologías que otros países diseñan o impulsar el talento nacional, la investigación y la innovación. Para ella, la capacitación debe avanzar junto con medidas de protección, en especial para niñas, niños y adolescentes.
También advirtió que la conexión a internet no garantiza que una persona tenga las habilidades necesarias para aprovechar la tecnología. México necesita alfabetización digital, sostuvo, para que las nuevas generaciones no comiencen su vida académica y profesional en desventaja.
Capacitación y soberanía tecnológica
Ruiz Ballesteros coincidió en que la formación de talento debe ocupar un lugar central y señaló que la inteligencia artificial ya plantea nuevos retos para las universidades, las empresas y el mercado laboral. Mencionó que algunas organizaciones utilizan estos sistemas para contratar o despedir personal, por lo que el debate también toca derechos laborales y responsabilidades.
En materia educativa, propuso repensar los métodos de evaluación y dar mayor peso a la capacidad de formular preguntas, analizar información y desarrollar pensamiento crítico.
Otro de sus planteamientos fue la soberanía tecnológica. Ruiz Ballesteros advirtió que las plataformas extranjeras concentran información sobre hábitos, intereses y opiniones de millones de personas. Por ello, llamó a fortalecer la investigación nacional, retener talento mexicano y crear capacidades propias.
El debate dejó una reflexión que trasciende a las empresas: el futuro de la inteligencia artificial dependerá de la capacidad de las personas para utilizarla con criterio, responsabilidad y propósito.
La tecnología puede elevar la productividad y abrir nuevas oportunidades de desarrollo, pero México necesita fortalecer su educación, formar talento y generar conocimiento propio para que sus beneficios alcancen a más sectores de la población. El desafío, coincidieron los participantes, no consiste solo en dominar las máquinas, sino en evitar que la sociedad pierda el control sobre las decisiones que definirán su futuro.
Fecha de publicación: 5/10/2026
Fibra Park Life, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces dedicado a la administración de viviendas en renta, dijo que concluyó la adquisición de Park Life Querétaro a su portafolio.
La empresa entregó 3,534,318 certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) con clave ‘PLIFE 26’, a un precio de referencia de 220 pesos, por lo que el precio equivale a 777,549,960 pesos (cerca de 43 millones de dólares).
“Con la incorporación de Park Life Querétaro, el portafolio de Fibra Park Life queda integrado por cuatro propiedades, con un total de 287 unidades residenciales y aproximadamente 20,279 m² de ABR”, dijo la empresa, en un comunicado. “La operación amplía la presencia geográfica del Fideicomiso a Querétaro y representa un paso adicional en la ejecución de su estrategia de crecimiento en vivienda institucional en renta”.
El desarrollo cuenta con 198 unidades disponibles para la renta y aproximadamente 15,855 metros cuadrados de área bruta rentable (ABR), ubicado en Centro Sur, Querétaro.
Como resultado de la entrega de certificados previamente mantenidos en tesorería, Fibra Park Life cuenta con 6,600,224 CBFIs en circulación y mantiene 18,399,776 CBFIs en tesorería.
Fecha de publicación: 06/10/2026
El Marqués, Querétaro, ya tiene prácticamente la misma población que San Juan del Río. Pero los números muestran dos realidades muy distintas.
El Marqués creció 4.7 veces más rápido en población; tiene alrededor del doble de presupuesto; proyecta 3.9 veces más ingresos propios y ejecutó 9.7 veces más inversión en obra pública en el último año reportado.
Entre 2020 y 2025, El Marqués creció 41% y sumó alrededor de 95,500 habitantes. San Juan del Río aumentó apenas 26,200 (8.78%).
Para 2026, El Marqués dispone de un presupuesto de $3,839.2 millones, frente a $1,895.5 millones de San Juan del Río: más del doble.
En ingresos propios, la diferencia es todavía mayor: El Marqués proyecta alrededor de $2,677 millones, frente a $685.6 millones de San Juan: 3.9 veces más.
Y en obra pública la brecha se dispara.
Rodrigo Monsalvo reportó $1,162.8 millones invertidos durante su segundo año en El Marqués, en 196 obras. En sus primeros dos años acumula $1,947.9 millones y 300 obras.
Roberto Cabrera reportó en San Juan del Río cerca de $120 millones en más de mil acciones de obra pública durante el último año.
$1,162.8 millones contra $120 millones: El Marqués tiene 9.7 veces más inversión en obra pública.
La administración de Rodrigo Monsalvo es integralmente muy eficiente; comparada contra un muy limitado y estancado desempeño de Roberto Cabrera.
Seleccionarán a ejecutivas con trayectoria profesional de empresas medianas, grandes o multinacionales, y que actualmente ocupen posiciones de liderazgo, gerencia, dirección o alta dirección
Durante años, el impulso al liderazgo femenino en el ámbito empresarial se asoció principalmente al emprendimiento. Sin embargo, cada vez más mujeres llegan a los consejos de administración, a las direcciones de planta, las gerencias corporativas y los puestos donde se toman decisiones estratégicas para empresas nacionales y multinacionales.
Frente a esta realidad, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) decidió ampliar su visión: no solo acompañar a quienes crean empresas, sino también visibilizar y fortalecer a quienes construyen carreras ejecutivas dentro de las organizaciones para lo cual lanzaron la convocatoria THE FIFTEEN Premio Mujer Líder Corporativa, con la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro.
En entrevista, Vanessa Vera Castillejos, Presidenta del CCME en Querétaro, explicó que la apuesta responde a una convicción cada vez más clara: el liderazgo económico de las mujeres no tiene una sola ruta. Puede comenzar con un emprendimiento, consolidarse en una MIPYME o desarrollarse durante décadas dentro de una compañía hasta alcanzar posiciones de alta dirección.
Con programas como Fortalezza y el nuevo reconocimiento THE FIFTEEN, el organismo busca acompañar ese recorrido completo y abrir espacios para que más mujeres accedan a posiciones de influencia en la economía queretana.
Según explica Vera Castillejos, el desarrollo empresarial de las mujeres no comienza necesariamente en una oficina corporativa ni termina cuando una emprendedora consigue consolidar su negocio. Entre una idea que busca convertirse en fuente de ingresos y una posición de alta dirección existe una larga ruta de formación, profesionalización, generación de redes y, en muchos casos, obstáculos que las mujeres deben enfrentar de manera diferenciada.
Con esa visión trabaja el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) Capítulo Querétaro, que durante seis años ha construido una comunidad que reúne perfiles diversos: jóvenes que apenas comienzan a interesarse por los negocios, mujeres que buscan emprender, propietarias de MIPYMES, empresarias consolidadas y, ahora mujeres que desarrollaron sus carreras dentro de empresas y ocupan posiciones ejecutivas.
La presidenta del organismo, explica que el CCME nació hace 12 años a nivel nacional y actualmente cuenta con presencia en prácticamente todo el país. Vera Castillejos dijo que el objetivo es trabajar en tres aspectos que son parte de las distintas etapas de la vida profesional de las mujeres: reducir la brecha de género, impulsar la autonomía económica y darles voz y visibilidad en diferentes ámbitos.
Uno de los programas que mejor representa esta visión es Fortalezza, dirigido a mujeres que tienen una idea de negocio, que comienzan un emprendimiento o ya cuentan con una actividad económica pero necesitan estructura para hacerla crecer.
El objetivo es proporcionar herramientas concretas para que las participantes puedan comprender y ordenar los diferentes componentes de un negocio como sus costos, marketing, legal, recursos humanos, aspectos que se tienen que cubrir, explicó en entrevista Fabiola Torreblanca, encargada del programa Fortalezza de CCME Querétaro.
La edición 2026 de Fortalezza incorpora además herramientas de inteligencia artificial y capacitación para utilizar un ERP, el programa tiene un formato híbrido y se lleva a cabo en la Universidad Anáhuac.
No obstante, el planteamiento de Fortalezza no es solamente impartir clases. Para esta edición modificaron la dinámica con el propósito de que las participantes trabajen directamente sobre sus propios negocios. Después de cada sesión tendrán tareas y posteriormente deberán regresar con avances o problemáticas concretas.
Puede participar desde una mujer que apenas tiene una idea hasta alguien que lleva un año con su emprendimiento y no consigue hacerlo despegar. Uno de los puntos centrales de Fortalezza es el modelo de negocio.
Esto permite que las participantes analicen si realmente existe una oportunidad comercial, cuál es su mercado y cómo pueden diferenciarse, incluso una idea aparentemente sencilla puede encontrar una oportunidad si se identifica correctamente su propuesta de valor.
“Con el modelo de negocio tú puedes ver cómo puedes dar un valor agregado”, explica Torreblanca. De esta manera, el programa busca evitar que una emprendedora simplemente invierta recursos en una actividad sin conocer previamente sus posibilidades de rentabilidad.
La capacitación también contempla acompañamiento posterior. Si una participante implementa una estrategia y los resultados no son los esperados, puede regresar con el problema para buscar una nueva dirección.
“Al final lo que queremos es que las mujeres tengan una fuente de ingresos independiente y que eso las fortalezca”, señala.
Y precisamente la autonomía económica es uno de los principios que Vanessa Vera Castillejos identifica como fundamentales para el CCME.
Una mujer con ingresos propios, explica, tiene mayores posibilidades de tomar decisiones sobre su vida, desarrollar proyectos y modificar condiciones que pueden limitarla.
Un consejo que busca abarcar todo el ecosistema
Para Patricia Reza, Secretaria Técnica del CCME, una de las principales fortalezas del organismo es precisamente que no se limita a un solo perfil de mujer.
Explica que hace aproximadamente 15 años el panorama de organismos empresariales de mujeres en Querétaro era mucho más reducido. Hoy identifica alrededor de 15 organizaciones empresariales vinculadas con mujeres, lo que, desde su perspectiva, contribuye a que temas de género comiencen a formar parte de las conversaciones sobre políticas públicas y privadas.
En ese contexto, considera que el modelo del CCME tiene una particularidad.
“Puedes encontrar desde la jovencita que está todavía estudiando y quiere emprender, o la señora que está en casa y quiere emprender, personas que ya tienen una MIPYME, pero que les falta estructura, hasta empresarias muy consolidadas”, explica.
Esa amplitud permite que los programas no se concentren exclusivamente en un sector o nivel empresarial.
El organismo también cuenta con un área de Jóvenes Inspira, dirigida a adolescentes y jóvenes que comienzan a acercarse al mundo de los negocios.
La intención, explica Reza, es que desde edades tempranas conozcan las brechas que enfrentan las mujeres y puedan tomar decisiones profesionales con mayor información.
También existe trabajo con mujeres de negocios que comienzan a operar, muchas de ellas todavía dentro de la informalidad, para ayudarlas a acceder a mercados, alianzas, equipamiento y procesos de profesionalización.
En el otro extremo están las empresarias consolidadas, a quienes el organismo busca ayudar a generar más negocios y crecimiento, pero también convertirlas en referentes para quienes vienen detrás.
El nuevo perfil: las altas ejecutivas
Es precisamente dentro de esa diversidad donde aparece uno de los esfuerzos más recientes del CCME: incorporar con mayor claridad a las mujeres que desarrollan su carrera profesional dentro de empresas.
Patricia Reza considera que aquí existe una diferencia importante respecto de otros organismos.
“Las mujeres altas ejecutivas están consideradas dentro de este Consejo Coordinador, lo que no sucede en otros espacios porque no son empresarias, aunque sí trabajan dentro de empresas”, señala.
Para la secretaria técnica, reconocerlas significa ampliar la definición misma del ecosistema empresarial femenino.
“Creo que esto es un nuevo ingrediente que sazona el ecosistema empresarial”, apunta.
Estas mujeres pueden ocupar posiciones de gerencia, dirección, gerencias de planta o alta dirección, pero no necesariamente son propietarias de las empresas en las que trabajan.
Por ello, el CCME decidió dedicar uno de sus esfuerzos a visibilizar precisamente esas trayectorias, de ahí surge THE FIFTEEN Premio Mujer Líder Corporativa, que impulsan con la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro.
El reconocimiento contempla a 15 mujeres ejecutivas que hayan construido una trayectoria profesional dentro del sector privado, particularmente en empresas medianas, grandes o multinacionales, y que actualmente ocupen posiciones de liderazgo, gerencia, dirección o alta dirección.
La convocatoria ya concluyó y ahora el proceso se encuentra en la etapa de evaluación. Más que distinguir únicamente un cargo, el reconocimiento busca conocer qué hubo detrás de esas trayectorias.
“Queremos visibilizar y reconocer a 15 mujeres líderes del ramo industrial, de la manufactura, del corporativo, para que nos cuenten historias y para que nosotros podamos conocer qué han tenido que hacer para llegar a la posición de gerencia, la posición de directoras, casi todas son directoras las que se han estado postulando, gerencias altas, gerentes de planta”, explica Vera Castillejos.
El comité evaluador analizará aspectos como trayectoria profesional, liderazgo ejecutivo, impacto dentro de la organización, crecimiento profesional, desarrollo de personas y equipos, ética y participación en iniciativas de responsabilidad social, diversidad, inclusión o desarrollo de talento.
A las participantes también se les pidió identificar qué iniciativas impulsan dentro de sus organizaciones para abrir oportunidades a otras mujeres, mejorar prestaciones o modificar condiciones laborales.
Hacer visibles las historias que pueden abrir camino
Para Vera Castillejos, el valor de THE FIFTEEN está precisamente en conocer qué tuvieron que enfrentar esas mujeres para llegar a posiciones de responsabilidad.
La presidenta del CCME menciona avances en empresas que ampliaron permisos de paternidad, que crearon espacios de lactancia o que establecieron condiciones de mayor flexibilidad; sin embargo, considera que todavía existen factores culturales que pueden afectar la selección de mujeres para puestos de liderazgo.
Según datos nacionales que utiliza el organismo, la presencia femenina en posiciones directivas todavía es reducida. Sin embargo, reconoce que no existe información precisa para determinar la situación específica de Querétaro.
Por eso, además del reconocimiento, el CCME busca comenzar a generar mayor información sobre cuántas mujeres ocupan posiciones de liderazgo y cuáles son las condiciones que enfrentan.
“Queremos empezar a abrir esa conversación, empezar a saber cómo estamos y qué estamos haciendo para poder visibilizar liderazgos”, señala.
El liderazgo también necesita acompañamiento
Otro de los proyectos que podría derivarse de esta primera edición es la creación de esquemas de mentoría. Vera Castillejos explica que el CCME está recopilando información sobre las necesidades de las participantes.
La intención sería que mujeres que ya llegaron a posiciones de liderazgo acompañen a quienes buscan avanzar. “Cómo le hicieron, cómo negociaron”, plantea.
El organismo también identifica un fenómeno en los procesos internos de promoción: mientras algunas mujeres esperan contar con prácticamente todos los requisitos antes de postularse, los hombres pueden ser más proclives a hacerlo aun cuando consideren que aprenderán algunas competencias durante el camino.
La organización también habla de una brecha salarial nacional cercana al 30 por ciento, aunque reconoce que no cuenta con información específica de Querétaro que permita establecer ese porcentaje para las empresas del estado.
Construir una ruta, no solamente entregar reconocimientos
La visión que emerge de las intervenciones de Vanessa Vera Castillejos, Patricia Reza y Fabiola Torreblanca es la de un organismo que intenta intervenir en distintos momentos de la trayectoria económica y profesional de las mujeres.
Desde una joven que apenas comienza a interesarse por los negocios; una mujer que necesita convertir una idea en un emprendimiento rentable; una empresaria que busca consolidar y hacer crecer su empresa; hasta una ejecutiva que construye una carrera dentro de una organización y busca avanzar hacia posiciones de mayor responsabilidad.
En ese recorrido, Fortalezza representa la apuesta por dotar de herramientas y autonomía económica a quienes comienzan, mientras que THE FIFTEEN representa el esfuerzo por reconocer y documentar las trayectorias de quienes ya llegaron a posiciones de liderazgo corporativo.
Para el CCME en Querétaro, ambas partes forman parte de una misma conversación: generar condiciones para que las mujeres tengan mayores posibilidades de participar en la economía, tomar decisiones, desarrollar negocios, crecer profesionalmente y abrir camino para otras.
Y quizá ahí se encuentra el principal propósito de THE FIFTEEN: no solamente saber quiénes son las 15 mujeres que serán reconocidas, sino conocer qué tuvieron que hacer para llegar hasta ahí y qué puede aprender de sus historias la siguiente generación de mujeres que todavía construye su propio camino.
Fecha de publicación: 01/10/2026
