Los mexicanos gastan más de 63 mil millones de pesos al año en productos pirata, fenómeno que afecta sectores como textil, calzado, farmacéutico, automotriz, electrónico, alimentos, bebidas y tabaco, además de generar pérdidas fiscales y colocar a las empresas formales en desventaja frente a quienes evaden impuestos y regulaciones, sostiene la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).
La organización industrial aseguró que las 32 entidades federativas del país no están exentas de dicho fenómeno, que lejos de mostrar señales de extensión cada día muestra mayor fortaleza.
Y muestra de ello, es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) decomisó 12 mil 600 artículos piratas con un valor de casi 1.5 millones de pesos durante un operativo en cuatro establecimientos de Santiago de Querétaro en agosto de 2026.
Ante ello, en el marco del Foro Nacional de Seguridad Logística, Combate a la Piratería y el Contrabando, la presidenta nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, consideró que México necesita fortalecer el combate al contrabando, la piratería y el comercio ilícito para proteger la industria nacional, las cadenas de suministro, la recaudación y el empleo formal.
En el marco del evento, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), advirtió que en México lo ilegal se ha vuelto común e incluso se ha normalizado, lo que favorece la demanda de productos apócrifos y genera pérdidas económicas, fiscales y de empleo.
Por su parte, Gastón Zambrano Margain, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), destacó que actualmente el 26% del consumo total de cigarros corresponde a productos ilegales, equivalente a más de 9 mil millones de unidades al año, y estimó una evasión fiscal superior a 23 mil millones de pesos anuales. recursos que dejan de destinarse a infraestructura, salud, educación y programas sociales.
“Es decir -sintetizó el representante de la industria del tabaco-, aproximadamente uno de cada cuatro cigarros consumidos en México es ilegal. Una de las principales causas es la fuerte diferencia de precios: mientras una cajetilla legal ronda los $100 pesos, una ilegal puede costar desde $20 pesos. Esta brecha incentiva a los consumidores a optar por productos más baratos ilícitos, en un contexto donde los impuestos representan cerca del 70% del precio final de una cajetilla legal”. apuntó el presidente de CONAINTA.
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Mario Vignettes del Olmo, analista de la consultoría Adrech, exhortó a la sociedad civil no claudicar ni renunciar a su demanda para exigir el efectivo ejercicio del Estado de Derecho, pues sólo a través de la aplicación de las leyes es como se podrá combatir flagelos lascivos para la sociedad, como el caso de la violencia y el robo de mercancías.
“No estamos promoviendo la paz del país, estamos promoviendo el Estado de Derecho, estamos promoviendo que los industriales puedan hacer sus operaciones importantes para la economía nacional en un marco de orden público, no le pongamos otro nombre a lo que ya tiene nombre desde la Constitución; lo que tenemos que hacer es apoyar el Estado de Derecho y desde la sociedad civil demandar que desde el orden público se cumpla”, afirmó el asesor de la consultoría especializada en análisis estratégico de riegos.
A su vez, Heriberto Enríquez, director de Asuntos Públicos del Consejo de Empresas Globales, agregó que una de las graves consecuencias del fenómeno del contrabando y piratería de mercancías es el duro impacto en la reputación de las empresas legales por la venta de varios de sus productos, pero bajo una versión apócrifa o pirata.
“Por ejemplo, una empresa como Bayer o Siemens, varias de esas empresas cuidan sus procesos con mucho detalle, pero cuando los comercializan de manera informal, tiene un impacto en la reputación del producto”, comentó.
Fernando Portugal, director de Propiedad Intelectual y Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), advirtió que lejos de que el fenómeno de la piratería muestre señales de debilidad, lo cierto es que en los últimos años ha tomado fuerza y muestra de ello son los nuevos canales de distribución de medicamentos ilícitos que ya incluyen a todos los sectores sociales.
“Hace algún tiempo se consideraba que normalmente que las personas que adquirían este tipo de productos sería gente que estuviera en una situación de extrema vulnerabilidad económica; pero en los últimos años sabemos que ha llegado a todos los grupos; ahora por ejemplo, ya se ha identificado casos donde se ve que el pirata o el distribuidor de un medicamentos ilegítimo es una señora encopetada, muy elegante, que por cierto es amiga de la primada de la tía que va a al gimnasio”, expuso el especialista.
El comercio ilícito también erosiona la confianza del consumidor. Mientras algunas personas compran productos piratas o de contrabando de manera consciente por su menor precio, otras no cuentan con información suficiente para distinguirlos de los legales. Esto incrementa riesgos para la salud y evidencia que mayores impuestos no siempre reducen el consumo, sino que puede desplazarlo hacia mercados ilegales. Ante el crecimiento de estas ventas en plataformas digitales, es indispensable reforzar la trazabilidad, la supervisión y los mecanismos de verificación.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 06 / 10 / 2026
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