Frente a los disturbios sociales sucedidos en los últimos días en Los Ángeles, California, el gobierno mexicano, a través de sus representaciones consulares en Estados Unidos, debe implementar una estrategia especial de atención y apoyo expedita a queretanos y al resto de connacionales que sean detenidos por las autoridades estadounidenses, con el objetivo de garantizar que sean preservados sus derechos humanos dentro del marco jurisdiccional estadounidense y evitar posibles arbitrariedades, aseguró la organización civil Razón, Autonomía y Derecho (RAUDER).
En ese sentido, la organización recordó que millones de mexicanos de diferentes localidades, como Querétaro, han migrado a diferentes ciudades de la Unión Americana, como el caso de Los Ángeles, para lograr una mejor calidad de vida.
De acuerdo a diferentes estudios, se estima que unos 600 mil queretanos radican en Estados Unidos.
Por ello, el colectivo a favor de la protección de los derechos humanos dijo que, en estos días intensos, la atención y trabajo de las diferentes representaciones diplomáticas mexicanas en la Unión Americana deben aplicar un horario de atención 24/7 para apoyar a los connacionales en esta coyuntura social, en donde pueden ser sujetos de en arrestos y deportaciones ilegales, sin verificar -incluso- el estatus migratorio de los detenidos.
De esta manera, entre las acciones que se recomiendan a nuestro gobierno redoblar en estos momentos, destaca la prestación de asesoría legal para evitar mayores daños y perjuicios a los detenidos; investigar todas cada una de las causas de las detenciones; denunciar cualquier acto de persecución o discriminación motivadas sólo por origen étnico o racial; informar a familiares sobre la detención de algún conocido; entre otras medidas.
Lo anterior, ante la serie de abusos y violaciones a la dignidad e integridad de personas migrantes que se han denunciado en redes sociales, como la detención arbitraria de mexicanos con estatus migratorio legal y al corriente, como turistas con pasaporte y visa vigentes, así como de connacionales con residencia o permisos especiales.
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha reportado que -al menos-, 40 migrantes mexicanos han sido detenidos desde el viernes pasado en la ciudad de Los Ángeles. El gobierno mexicano tiene conocimiento que cuatro ya fueron deportados.
Por lo anterior, RAUDER dejó en claro que aún y cuando las autoridades estadounidenses pudieran detener a migrantes con estatus migratorio irregular, eso no significa que los arrestados pierdan sus derechos humanos, de conformidad con los principios y normas de derecho internacional, como poder solicitar apoyo consular mexicana; contar asistencia legal de su país de origen; acceder a servicios básicos de salud y sanidad; conocer las razones de su arresto, tener acceso a tribunales, entre otras disposiciones previstas en varios convenios y tratados internacionales, como la declaración universal de los derechos humanos, convención sobre condiciones de los extranjeros, convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, los cuales son tutelares de los derechos humanos, ahora violentados por el gobierno norteamericano, de estos migrantes.
Sobre ese punto, recordó que las oficinas consulares mexicanas prestan asistencia a los connacionales residentes en su circunscripción, independientemente de su situación migratoria en el país donde se encuentren.
Se estima que en Los Ángeles viven más de 1.2 millones de mexicanos, quienes representan el 32 por ciento de la población total de la ciudad.
“Desde RAUDER solicitamos respetuosamente al gobierno mexicano que sus las representaciones diplomáticas localizadas en los ángeles y ciudades aledañas, participen y apoyen activamente a los connacionales en estos días de emergencia social; ya que se deben garantizar, en todo momento, los derechos humanos de los mexicanos: es una realidad: existe un alto riesgo de que sean deportados mexicanos de manera injusta y arbitraria, como residentes legales o turistas sin cargos específicos”, alertó Rafael Lara, presidente de la organización civil.
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