México atraviesa una de las etapas más complejas de su historia reciente. No lo afirmo desde la consigna política ni desde el análisis académico, sino desde la experiencia. Llevo más de 16 años vinculado directamente a la industria de la masa y la tortilla, conviviendo de manera cotidiana con agricultores, campesinos, intermediarios, comercializadores y empresas del sector. Y si algo he aprendido en ese tiempo es esto: en el conflicto del campo mexicano, todos tienen razones… y aun así, todos están perdiendo.
Hoy, el agricultor es la cara visible —y muchas veces romantizada— del problema. Se le presenta como la víctima de un sistema que le exige competir sin darle herramientas reales para hacerlo. Se habla constantemente de apoyos al campo, pero en la práctica esos recursos pocas veces llegan a quienes trabajan la tierra; y cuando llegan, con frecuencia no cambian el fondo. El problema persiste, se hereda y se agrava. Cada vez hay menos hijos dispuestos a recibir una vida donde la rentabilidad es incierta y la dignidad se negocia.
Existe además una contradicción que nadie parece querer resolver. México defiende —con razón— la preservación de sus maíces originarios, una riqueza cultural incomparable, mientras obliga a sus productores a competir contra precios dictados por mercados internacionales, basados en transgénicos, subsidios, escalas gigantescas y niveles de productividad que aquí simplemente no existen.
El resultado es predecible: el agricultor pierde competitividad. Y en el mundo real, cuando algo deja de ser rentable, tiende a desaparecer. Pensar que el campo puede rescatarse únicamente desde la ideología, sin recursos económicos sustantivos ni protección efectiva, es una ilusión peligrosa. Peor aún es la indiferencia.
Si no se cambia el rumbo, no estamos frente a una crisis pasajera, sino frente a la extinción progresiva de millones de agricultores mexicanos. No por falta de trabajo o de conocimiento, sino por un sistema que los empuja, año tras año, hacia la orilla.
Uno de los errores más comunes al analizar el conflicto del maíz en México es buscar culpables simples. La realidad es más incómoda: agricultores, intermediarios, empresas y consumidores tienen razones válidas para actuar como lo hacen. Precisamente por eso, la solución es compleja.
Los intermediarios —frecuentemente demonizados— cumplen una función real dentro del mercado. Son quienes tienen la capacidad financiera para comprar grandes volúmenes, almacenar producto y asumir riesgos que el agricultor no puede permitirse. El problema no es su existencia, sino un sistema que los coloca en una posición dominante frente a productores sin protección ni poder de negociación.
A esto se suma un entorno global que fija precios y reglas desde fuera. México no decide cuánto vale su maíz; participa en un mercado diseñado para otras realidades, otras escalas y otros intereses. Pero sería cómodo —y falso— cargar toda la responsabilidad al exterior.
La falta de voluntad política, de leyes claras y de políticas públicas coherentes ha profundizado el problema. Se legisla sin entender el fondo, se decide sin medir consecuencias y se normaliza una indiferencia social que solo reacciona cuando el conflicto llega a las calles.
El resultado es un sistema donde nadie gana: el agricultor no logra vivir del campo, el consumidor paga más y el país pierde soberanía alimentaria. Mientras tanto, seguimos discutiendo en la superficie, sin querer mirar el diseño completo del problema.
Durante mucho tiempo pensé —como muchos— que las decisiones que afectan al campo mexicano eran producto de la ineptitud: funcionarios desconectados de la realidad, incapaces de entender el impacto de sus actos. Hoy, cada vez me cuesta más creer esa versión.
¿Qué pasa si no se trata de errores, sino de un resultado aceptado? ¿Y si el desmantelamiento progresivo del campo no es una consecuencia no deseada, sino un efecto calculado?
Para entenderlo hay que reconocer el papel de algunos actores clave. Las grandes harineras han sido, durante décadas, parte de la solución logística, sanitaria y fiscal del sistema. A través de controles y requisitos ayudaron a ordenar miles de tortillerías en el país. No es casualidad que su crecimiento haya sido impulsado desde el poder, particularmente cuando se promovió la harinización: la sustitución del proceso tradicional de nixtamalización por harina industrial ya procesada.
Ese impulso, basado en subsidios y apoyos, construyó hábitos de consumo que hoy representan una parte importante del mercado nacional. Esta historia explica por qué el enojo del agricultor, aunque legítimo, no puede resolverse castigando a empresas que hacen exactamente aquello para lo que el propio sistema las creó: producir, generar riqueza y sostener una parte fundamental del abasto alimentario.
Entonces, ¿quién tiene la razón? La respuesta sigue siendo incómoda: todas las partes. Pero solo una tiene la capacidad real de ordenar el sistema, y es la que ha decidido mantenerse al margen: el gobierno.
Este conflicto no tiene solución basada en sacrificar a uno de sus actores. Tradicionalmente, ese sacrificio ha recaído en el campo. Pero el campo ya no está en condiciones —ni tiene la intención— de seguir absorbiendo el costo.
El riesgo de continuar con políticas omisas es claro: la desaparición del campo. Y cuando hablo del campo no me refiero a la tierra, sino a las personas. A los 4.5 o 5 millones de campesinos que han dedicado su vida a trabajarla.
A veces se plantea una solución aparentemente simple: subir el precio. “Si la tortilla costara unos pesos más, se resolvería el problema”. Hagamos el ejercicio. Si al agricultor se le pagaran tres pesos más por kilo de maíz, el impacto real en el precio final de la tortilla sería marginal. Quizá un peso. Quizá menos.
La pregunta de fondo es otra: ¿qué nos sale más barato como sociedad? ¿Pagar un poco más por kilo de tortilla o pagar después con inestabilidad social, pérdida de empleos rurales, dependencia alimentaria y el deterioro de una industria que sostiene a millones?
La respuesta parece obvia, pero hay un obstáculo político enorme. Cualquier ajuste al precio de la tortilla impacta a más de 120 millones de consumidores. En un contexto de inflación y presión fiscal, casi nadie quiere asumir el costo mediático de tomar decisiones correctas.
Aquí es donde la narrativa de la ineptitud deja de ser creíble. No dudo de la inteligencia de quienes gobiernan ni de que entienden perfectamente esta problemática. Lo que resulta evidente es otra cosa: no existe voluntad de resolverla mientras el costo político supere el beneficio inmediato.
La hipótesis de solución es incómoda, pero clara. El campo solo puede salvarse si el gobierno asume su papel de árbitro, protege al agricultor con reglas claras, subsidios bien dirigidos y mecanismos de compensación que distribuyan el costo entre toda la sociedad, en lugar de seguir cargándolo sobre quienes ya no pueden resistir.
No se trata de ideología. Se trata de decisiones.
Si como ciudadanos no nos informamos, no exigimos y no entendemos el problema, el campo será una historia que contaremos a nuestros hijos en pasado. No pasará mucho tiempo antes de ver grandes maquinarias —nacionales o extranjeras— explotando la tierra con facilidades que nunca se le otorgaron al campo mexicano.
Durante décadas, el campo fue utilizado como base de clientelismo político. Hoy, su tragedia es que dejó de ser rentable electoralmente. Rescatarlo es caro. Resolverlo es complejo. Y políticamente, parece prescindible.
Pero cuando el campo desaparece, no solo perdemos maíz. Perdemos soberanía, identidad y futuro. Ese es el verdadero costo.
Y ese costo, tarde o temprano, lo pagamos todos.
*Oscar Cervera es empresario y emprendedor en la industria de la masa y la tortilla con más de 15 años de experiencia. Sus emprendimientos operan en El Bajío.
