Los cambios a la Ley General de Salud para definir los alcances a la reforma constitucional que señala que la ley sancionará lo relacionado a los vaporizadores, formalizan la entrega al crimen organizado de la distribución y venta de, al menos, cinco millones de dispositivos al mes a lo largo de las distintas entidades federativas del país, como Querétaro, aseguró la organización civil México y el Mundo Vapeando.
De un año a la fecha, es común que en varias calles y plazas públicas de Querétaro apreciar la venta de vaporizadores en puestos informales y ambulantes, sin restricción alguna, lo que representa un aliciente para el consumo de este tipo de productos entre menores de edad.
Por ello, el presidente del colectivo, Juan José Cirión Lee, lamentó que los legisladores mexicanos hayan consumado prohibir el vapeo en el país, a pesar de la basta evidencia científica disponible y que en varios países, como Francia y el Reino Unido, los vaporizadores ya forman parte de políticas públicas para combatir el tabaquismo, en virtud de que son 95 por ciento menos dañinos que los cigarros convencionales.
“Con la reforma aprobada se formaliza lo que ya vemos en las calles y plazas públicas descaradamente: La entrega del mercado de vaporizadores al crimen organizado; con ello, estas bandas amplían el espectro de sus negocios y no sólo se limitarán al tráfico de estupefacientes o delitos como extorsión o robo, ya que la prohibición no terminó con el consumo ni lo hará; es una medida contraria a la salud pública porque facilita el acceso a menores de edad”, afirmó el también especialista en Derecho.
Al respecto, se estima que en México existen alrededor de 2.8 millones de consumidores de vaporizadores, de los cuales 2.3 millones adquieren dispositivos desechables que suelen ser utilizados en un lapso en una semana aproximadamente, por lo que al mes se adquieren unos 5.2 millones de dichos productos, mismos que serían distribuidos, comercializados e introducidos al país vía contrabando por bandas criminales ante las políticas prohibicionistas del gobierno mexicano.
Sobre este punto, el activista refirió el informe titulado “Vapeadores y violencia: El Problema de la prohibición en México”, publicado por la red internacional La Prohibición No Funciona (PDNW por sus siglas en inglés); en donde se expone que la prohibición constitucional ha sido “contraproducente, en virtud de que ha llevado a millones de consumidores al ‘mercado negro’, alimenta la actividad delictiva y priva a fumadores de alternativas más seguras”
El estudio precisa que la política prohibicionista del vapeo en México entregó “un millonario negocio adicional” al crimen organizado. “Cárteles como Los Chapitos, el Cártel Jalisco Nuevo Generación y La Unión Tepito ahora dominan el comercio de productos de vapor, importando cargamentos a granel y distribuyéndolos a través de redes que tradicionalmente son usadas para narcóticos y armas”, agrega el estudio.
Y por si no fuera suficiente, el análisis alerta que la prohibición ha generado consecuencias que van más allá de las fronteras del país y por lo cual, la próxima revisión del Tratado Comercial de Estados Unidos, México y Canadá (TMEC), podría orillar al gobierno mexicano a derogar la prohibición constitucional.
“Sin un mercado legal, los poderosos cárteles han absorbido todo el comercio, contrabandeando cientos de millones de productos ilegales a Estados Unidos (donde los vaporizadores están permitidos) y revirtiendo las ganancias en redes de drogas y armas”, agrega el estudio.
El activista agregó que detrás de la prohibición constitucional está “el berrinche político” del ex presidente López Obrador así como la estrategia injerencista de la fundación Bloomberg Philanthropies, institución que fondea a decenas de organizaciones no gubernamentales para que presionen a favor de las líneas doctrinales del magnate estadounidense y ex aspirante demócrata a la presidencia de ese país, Michael Bloomberg, situación que se evidencia en el estudio “La influencia de Bloomberg sobre el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), y la supresión de la reducción de daños”.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/12/2025
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